Organizaciones de la sociedad civil mediante solicitud escrita exigen al gobierno ejecutar acciones inmediatas en los territorios indígenas para enfrentar la emergencia sanitaria del covid-19

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A través de una nota que enviaron el pasado lunes 1 de junio a la presidenta transitoria, Jeanine Añez, 34 organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno ejecutar acciones inmediatas de atención sanitaria para los pueblos indígenas, donde la semana pasada comenzaron a registrarse casos positivos de coronavirus e incluso decesos a causa de ello. La carta también fue enviada al Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es urgente desarrollar acciones contundentes y prontas —como el envío de personal de salud y medicamentos, y la socialización de los protocolos de bioseguridad para la prevención y gestión de la enfermedad en aquellas personas que ya se encuentran contagiadas— para atender a los territorios, en coordinación con los gobiernos departamentales, municipales y las autoridades indígenas propias, en el marco del respeto de su autogobierno y libre determinación”, mencionan en la misiva.

Los registros oficiales del Ministerio de Salud muestran que entre los territorios con casos positivos está el municipio indígena de Lomerío (Santa Cruz) donde el 28 de mayo se informó del primer paciente contagiado, quien falleció en la misma jornada. A la fecha, el territorio tiene dos casos positivos; sin embargo, las autoridades indígenas han informado que existen varios comunarios con los síntomas, pero no tienen manera de conocer si se trata de un resfrío o del coronavirus, debido a la falta de pruebas.

“En estos momentos lamentamos la situación que se vive en el territorio indígena de Lomerío (Santa Cruz) donde hace una semana se confirmó la presencia del virus que se expande de manera descontrolada entre las y los habitantes. En Lomerío viven más de 2.000 mil familias de la Nación Monkoxí, congregadas en 29 comunidades”, indican en la carta.

Las instituciones le recuerdan al gobierno el marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza el derecho a la salud de las mujeres y hombres indígenas, y que se encuentran plasmados en la Constitución Política del Estado, el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de la Ley N° 450 de Protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad.

En la nota, las instituciones alertan que el impacto de la falta de atención del gobierno a los pueblos indígenas puede significar un etnocidio.

En reiterados pronunciamientos, las organizaciones indígenas manifestaron su preocupación por la cercanía de la pandemia. Muchas comunidades indígenas optaron por el autoaislamiento y el control del ingreso de terceros para evitar que el virus entre a sus territorios, debido a que su contención sería imposible por las precarias condiciones de salud en las que se encuentran

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