Mordaza al pueblo boliviano

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Especial para Bolivia Ahora:

Entre gallos y medianoche se aprobó en días pasados el Decreto Supremo 4231, que dispone que las personas que difundan información, “sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Se trata de una actualizacion de un decreto previo…De hecho, el nuevo decreto no penaliza la ‘desinformación’, como los anteriores, sino que castiga la información, pues dice textualmente ‘(…) o difundan información de cualquier índole’. 

De manera contundente y enfatica las organizaciones integrantes del Pacto de Unidad (CSUTCB, CNMCIOB-BS, CSCIOB, CONAMAQ y CIDOB), se pronunciaron en contra del Decreto Supremo 4231, supuestamente para prevenir la “desinformación”, ya sea en forma escrita, impresa o artística, amparándose en la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). Por ello exigen la inmediata abrogación o anulación del mencionado decreto asi como del Decreto Supremo 4232, en relación a la autorización del uso de los transgénicos genéticamente modificados destinados en el maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, por ser inconstitucionales, ilegales y atentatorios contra derechos fundamentales de la sociedad, la Madre Tierra, en defensa de la vida, la libre expresión y la defensa plena de la Constitución Política del Estado. Este comuniado recibio la adhesion inmediata del sector que trabaja en la comunicación popular alternativa indigena originaria de Bolivia que ve en este hecho un gran peligro para su labor que ya venia siendo perseguida y amenzada por este gobierno.

También los trabajadores de la prensa de Bolivia lo mismo que el Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb) exigen al Gobierno que derogue la disposición adicional única del Decreto Supremo 4231. El sector señala que la norma no puede estar por encima de la Constitución Política del Estado, que reconocer la libertad de pensamiento y de expresión, expresando que «La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia se declara en estado de emergencia y exigimos al Gobierno transitorio derogar inmediatamente esa disposición. Caso contrario nos reservaremos las medidas a tomar junto a las federaciones de periodistas de todo el país», señala el pronunciamiento que emitió el Comité Ejecutivo del sector. Argumentan que la norma 4231 no puede transgredir el espíritu de la carta magna, que rige la convivencia democrática, entre los bolivianos en un estado constitucional de derechos y deberes. Afirman que  tampoco puede ser superior a la convención americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la Libertad de Pensamiento y de Expresión.

Bajo el mismo fundamento, la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos (ABAP) expresó su rechazo al decreto porque considera que “atenta contra la libre expresión de los artistas”, así lo afirma en una nota dirigida a la Presidenta en la que se solicita la derogación inmediata de esta norma.Asimismo, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), la organización de diarios bolivianos, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y otros gremios rechazan la disposición adicional única del decreto y piden que sea eliminada, pues penaliza el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión.

Ante la inmediata reacción general y criticas el gobierno de facto salió a aclarar, a través de una conferencia de prensa brindada por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez ante las criticas que de todos los sectores, incluso de quienes fueron sus aliados políticos para el derrocamiento del Presente Constitucional Evo Morales, mencionando que ¨el trabajo de la prensa está regulado bajo la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado¨, aclarando que los periodistas no estarían afectados por este decreto… Nuñez aseguró que la norma no tiene como finalidad ir en contra la libre expresión, sobre todo en el caso de los periodistas, sino que se aplica a “esos ciudadanos que buscan confundir, distorsionar la información, que tratan de crear incertidumbre y temor en la población”. Por su lado la Ministra de Comunicación ha confirmado que la norma si afectaría a la ciudadanía en general…

Entonces ya podemos confirmar para quienes esta dirigido y sobre quienes se aplicará todo el peso de la ley: afectará en  general a las personas, incluyendo a muchas dedicadas al campo informativo o la comunicación que, a entender de las autoridades, pudieran crear incertidumbre en relación al COVID 19… esto es cualquier colectivo o persona emitiendo una denuncia, información o comentario que directa o indirectamente haga referencia a las diferentes aristas que están relacionadas con esta enfermedad y su propagación. Así entonces no se podrá criticar o comentar la gestión pésima que las autoridades están llevando adelante sobre la pandemia, respondiendo de manera desorganizada y caótica y causando muerte y dolor sobretodo en los mas vulnerables, o hablar sobre los efectos de la cuarentena sobre la población que se siente abandona y condenada al hambre y en general sobre la enfermedad que está creando gran zozobra y desatando violencias de todo tipo tanto ejercida hacia la población por las fuerzas de orden como al interior del ámbito familiar y domestico… La norma crea miedo y temor a expresarse lo que se suma al clima de temor general que ya la pandemia se ha encargado de promover.

En ese marco es que autoridades de Naciones Unidas, como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las NNUU, Michelle Bachelet, se ha pronunciado publicando diferentes mensajes en la cuenta oficial de la Organización de las NNUU en su Misión en Bolivia, mencionando que¨La respuesya penal al ejericico de la libertad de expresión como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia de COVID 190 resulta excesiva¨, enfatizando que ¨en lugar de amenazar a periodistas o acallar las criticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias¨ En un siguiente mensaje manifiesta ¨El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado.¨  (@ONUBolivia, @ssottoli@,RELE_CIDH,@Oacnud_BO)

Por su parte Jose Miguel Vivanco de la Fundación Human Right (Derechos Humanos) (@jmVivancoHRW) dijo que “Punir con cárcel a quien hace comentarios que, según el gobierno, generan incertidumbre atenta contra la libertad de exresión. El Gobierno debería derogar este decreto mordaza¨.

Preocupa el talante autoritario que se desnuda cada vez más en el Gobierno supuesto de transición y que está siendo aprovechado por las adversas condiciones sanitarias y epidemiológicas a las que nos enfrentamos que con el pretexto de tratar de evitar la desinformación no solo va en contra de la Constitución Política del Estado, sino vulnera también normas y convenios internacionales de las que Bolivia es signataria. Este lapsus evidente nos obliga a preguntar al Gobierno si desea convertirse en la única fuente de información en el país y si está consciente que este deseo lo llevará a dispararse con gran autoridad un tiro en el pie. La sociedad boliviana toma conciencia cada dia con mas fuerza de lo que se pretende al perseguir y violentar la palabra y el pensamiento de todo un pueblo.

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