Gobierno transitorio anula «decreto mordaza» que penalizaba la libertad de expresión

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Prensa Rural:

La ola de críticas derivó en la marcha atrás en una medida que generó preocupación de la prensa y de organismos internacionales de derechos humanos.

El Gobierno transitorio aprobó este jueves el decreto 4236 que deroga el 4231 que vulneraba el derecho a la libre expresión y penalizaba la información de cualquier índole que fuera considerada como un atentado a la salud pública y que genere “incertidumbre” en la población.

Tras una ola de denuncias y críticas de organismos internacionales y del gremio de la prensa, el Gobierno transitorio dicto el decreto 4236 que dispone: “Se derogan las siguientes disposiciones: La Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4231, de 7 de mayo de 2020; el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020; El Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020”.

El decreto 4231 señalaba que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet había expresado su preocupación por la vulneración al derecho a la libre expresión en Bolivia.

“El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, escribió Bachelet el miércoles en su cuenta de Twitter.

A su vez el director de la nogubernamental, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó de acertada la observación de Bachelet y cuestionó también el “decreto mordaza” ahora derogado.

“Muy acertada declaración de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia. Punir con cárcel a quien hace comentarios que, según el gobierno, “generan incertidumbre” atenta contra la libre expresión. El gobierno debería revocar su decreto mordaza”, escribió Vivanco en las redes sociales.

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