Gobierno de Jeanine Áñez privatiza la instalación de conexiones de gas domiciliario ahondando la crisis laboral y la situación de YPFB

39
0
Compartir:

Recientemente se conoció que la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entregó a una sola empresa la instalaciones de las conexiones de gas domiciliario en la ciudad de La Paz, que sumado a los casos de corrupción y cierre de proyectos de industrialización de los hidrocarburos, ahonda la crisis en la corporación estatal.

Ángel Araoz, presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas en la sede de gobierno reveló que en el proceso de licitación, el directorio de la firma estatal decidió entregar la instalación de los montantes de gas domiciliario a una sola empresa, en desmedro de las 800 unidades productivas que tiene esa asociación y que anteriormente eran los responsables de realizar dichas instalaciones.

“Pedimos al Ministro de Hidrocarburos, como presidente de YPFB, que nos diga cuál es el fin de haber licitado y adjudicado este trabajo que nosotros realizamos. Queremos que se pare este proceso de privatización y se inicie una auditoría al proyecto de instalaciones domiciliarias”, manifestó el dirigente.

Con esa determinación de la directiva de la estatal petrolera se coloca en conflictos a unas 40.000 familias que dependen de este trabajo, “al parecer solo ven a empresas grandes que manejan millones y no se fijan el daño que están provocando”, sostuvo Araoz.

Son 28.000 conexiones de gas domiciliario que ya tenían presupuesto y se encontraban en pleno proceso de adjudicación, pero el Gobierno de Jeanine Añez decidió parar ese proceso, realizar una nueva licitación y entregarla a una sola firma, cuyo nombre no se conoce hasta la fecha.

Esta situación, de entregar a intereses privados los bienes de la estatal petrolera, no es solamente en este caso, ya ocurrió desde la “privatización” del propio directorio de la corporación, cuyos principales directivos provienen de la brasilera Petrobras. Fueron ellos quienes firmaron la adenda al contrato de venta de gas que causa un daño económico al Estado de 52 millones de dólares.

Una de las primeras medidas que asumió el gobierno es paralizar la producción de la planta de urea y amoniaco de Bulo, bulo, anunció que los recursos destinados para la Planta de Petroquímica del Chaco será utilizado en otros rubros, lo que provocación la reacción de la población de esa región.

A eso se deben sumar los casos de corrupción que también provocaron un daño económico a la firma estatal, la compra irregular de seguros de vida, la importación con sobreprecio de diésel son algunos de los casos que están en proceso de investigación.

Otro aspecto que se debe considerar el desabastecimiento de gas licuado de petróleo en la sede de gobierno durante varios días, además de la constante falta de carburantes en el trópico de Cochabamba.

Compartir: