En Bolivia se libra una guerra por el Litio y la Democracia

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POR ÁLEX RODRÍGUEZ►

El 7 de diciembre de 2018 el gobierno del presidente Evo Morales emite el Decreto Supremo No. 3738 dando paso a la industrialización del litio en Bolivia y dejando fuera del negocio a Estados Unidos, esa fue la gota que rebasó el vaso y por el cual se dio un golpe de Estado y ahora se libra una guerra entre una fuerza de derecha afín a los intereses norteamericanos y el pueblo boliviano que busca recuperar dos cosas que penden de un hilo: el litio uno de los recursos estratégicos más importantes y la democracia que fue usurpada en noviembre de 2019.

Desde 2008, el Estado boliviano puso en marcha el proyecto del litio, instalando plantas pilotos para la extracción de cloruro de potasio, carbonato de litio e hidróxido de litio, llegando a producir de forma experimental baterías de litio, años después se puso en marcha el proyecto de manera industrial, concretándose la primera planta.

La planta de Cloruro de Potasio se puso en marcha y para la producción de las otras plantas industriales el gobierno boliviano lanzó la licitación, en ella se presentaron 26 propuestas de diferentes países, dos de ellas provenientes de Estados Unidos, pero la decisión se inclinó por ACI System de Alemania, que además de ser parte de la producción de baterías de litio garantizaba el mercado europeo.

Pocos meses antes. La china Xinjiang Tbea Group se izó con la licitación para la planta de carbonato de litio garantizando el mercado asiático, ya que entre una de sus subsidiarias tiene a BYD, el mayor fabricante de autos eléctricos inclusive por encima de a norteamericana Tesla.

Eso no fue del agrado de los gobernantes estadounidenses, quienes veían como un gobierno soberano los dejaba fuera del negocio del litio, en la mayor reserva mundial certificada de ese metal liviano. El salar de Uyuni cuenta con 21 millones de metros cúbicos de ese material, sin contar con otra cantidad en los otros salares que existen en el altiplano boliviano.

Para llevar adelante el plan de apropiarse del litio boliviano se requería de un testaferro local y esta figura recae en el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, quien comenzó una asonada contra el DS 3738 y a pocos días de las elecciones generales – el 7 de octubre de 2019 – inicia una huelga de hambre, porque considera que las regalías para ese departamento son ínfimas.

Si bien se determina que las regalías serán del 3% se trata solamente del monto para las salmueras residuales que serán utilizadas por la empresa alemana, sin considerar que Yacimientos de Litio Bolivianos pagará regalías por la extracción del cloruro de potasio y el carbonato de litio.

Vanas fueron las explicaciones de la firma estatal, la movida ya estaba hecha y en todo ese conflicto aparece la figura de Juan Carlos Zuleta, asesor de Comcipo, quien defenestra el proyecto estatal de la industrialización. Poco tiempo después se revela que este personaje era agente del gobierno chileno, cuyo objetivo es boicotear el proyecto boliviano y la vez, a través de la Comisión Nacional del Litio (CNL) de Chile promover la industrialización en ese país.

Zuleta, de nacimiento potosino, es parte de la CNL chilena, se autonombra experto en el tema del litio y es íntimo amigo de Samuel Doria Medina, con quien cursó la carrera de Economía en la Universidad Católica de La Paz.

Una vez que se dio el golpe de Estado, de forma inmediata el nuevo régimen estólido sepulta el acuerdo con las empresas alemana y china dejando en el limbo el proyecto de industrialización del litio. Una carta enviada por el ministro de la Presidencia Yerko Núñez al actual gerente de YLB da cuenta que se debe poner en marcha los acuerdos que sean necesarios para industrializar el litio.

El 24 de julio de 2020 se conoce – por una conversación en Twitter – que Elon Musk el magnate dueño de la automotriz eléctrica Tesla promovió y financió el golpe de Estado en Bolivia con el objetivo de apropiarse del litio boliviano para expandir su empresa. Curiosamente las acciones de Tesla subieron después del golpe de Estado en Bolivia.

Cansado de estas maniobras y acciones del gobierno transitorio y sus financiadores externos es que la población boliviana – principalmente rural – inicia una resistencia exigiendo la renuncia de la actual presidenta y la realización de elecciones generales de forma inmediata.

El recuerdo de cómo fue vendida a las transnacionales y potencias extranjeras la plata potosina, el estaño de los andes, el petróleo y el gas del oriente y el chaco boliviano hace que las nuevas generaciones del país tomen conciencia y busquen un futuro mejor para ellos mismos y comenzaron la movilización el 3 de agosto.

Desde esa fecha, el gobierno boliviano comenzó una sistemática campaña de desinformación y ataques a los sectores movilizados, vinculando las protestas con el Movimiento Al Socialismo (MAS), la principal fuerza política y con grandes expectativas de retornar a La Casa Grande del Pueblo para gobernar el país.

Esta campaña tiene el objetivo de anular a dicha fuerza política, que tiene en los sectores de clase media y popular, además de los sectores rurales e indígenas originarios como su principal militancia, por lo que la hace que tenga el potencial para llegar a ser gobierno nuevamente.

La pregunta que queda en el aire, si ya entregaron el gas a los intereses transnacionales, ahora pretenden hacerlo con el litio ¿Qué pasará con el hierro del Mutún? Otra de las inmensas reservas mineralógicas que tiene Bolivia.

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