Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en medidas contra el COVID-19 en centros de salud que ponen en riesgo la salud y la vida en el departamento del Beni

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La Defensoría del Pueblo advierte que la salud y la vida del personal médico y de toda la población del departamento del Beni, se encuentran en riesgo como resultado de las deficiencias que enfrentan los establecimientos de salud en cuanto a falta de medidas de bioseguridad, insuficiente personal en salud, falta de reactivos e insumos para realizar pruebas de COVID-19, y falta de acceso a información veraz y oportuna.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo que estas problemáticas fueron identificadas y analizadas luego de un relevamiento de información que fue difundida en medios de comunicación, ante la falta de información oficial sobre las acciones o programas implementados para encarar la pandemia por el coronavirus en esa región, que al 2 de mayo presentaba 191 casos positivos; y que están contenidas en el informe “Deficiencias en establecimientos de salud que ponen en riesgo la salud y la vida de la población en el departamento de Beni” , será remitido a las instancias correspondientes con la notificación de una Resolución Defensorial.

Entre los puntos observados, están la falta de dotación oportuna de equipos de protección (EPP) de bioseguridad al personal médico que derivó en la baja del 70% del personal de salud que tuvo contacto con pacientes con COVID-19; las denuncias hechas durante el allanamiento de las oficinas del SEDES Beni, sobre la dotación y entrega inoportuna de indumentaria de bioseguridad y de los equipos, lo que habría causado indiscutiblemente el contagio del personal de salud.

También observa afectación al acceso a los servicios de salud porque sólo el 30% de la totalidad del personal médico se encuentra trabajando, lo que no solo perjudica en la atención de posibles casos de COVID-19, sino de forma general en la atención que la población pudiese demandar en ese departamento.

Otro aspecto que preocupa, dijo Cruz, es que hasta la fecha no se puso en funcionamiento del laboratorio especializado para las pruebas de confirmación del virus, instalado a principios de abril, debido a la falta de reactivos e insumos. “Como las pruebas deben ser remitidas a Santa Cruz, ello implica demoras en los resultados y que las medidas epidemiológicas que se asumen no se basen en información actualizada que refleje la expansión real del virus en ese departamento”, precisó.

A esto se suma, dijo, la falta de información real y confiable respecto al alcance del contagio del COVID-19 en el Beni, lo que se agrava con anuncios de autoridades locales que públicamente indicaron que se encontraban preparados para una atención oportuna de futuros casos, dieron datos alejados de la verdad respecto a la capacidad de atención y de las medidas de bioseguridad del personal médico. El Gobierno del nivel central, asimismo, no dio datos reales respecto a la implementación de un laboratorio especializado en el lugar.

Esta situación se evidencia en los reclamos públicos del personal de salud del Centro Centinela, quienes señalaron la falta de equipamiento, de aditamentos para los respiradores y afirmaron que era mentira que contaban con máquinas de respiradores listas. Igualmente, el Presidente de la Sociedad de Anestesiólogos de Trinidad, Marco Rojas, manifestó que no estaban preparados para atender casos COVID 19 y que ese Centro no contaba con las mínimas condiciones para la atención. “… nos han mentido diciendo que estamos preparados… el Centro no tiene las mínimas condiciones para atender a un paciente…”, fue lo que afirmó el anestesiólogo en una entrevista radial.

La Defensoría del Pueblo evidencia, también, que el plan de preparación y respuesta para la prevención y control del nuevo coronavirus, así como las guías y protocolos de responsabilidad del órgano Rector como es el Ministerio de Salud que fueron anunciados formalmente el 21 de febrero de 2020 a esta institución, no fueron efectivamente coordinados ni programados para su implementación en el departamento del Beni, encontrándose responsabilidad compartida con las instancias subnacionales.

Ante estas evidencias, la entidad defensorial recomienda al Ministerio de Salud y al Gobierno Departamental de Beni, la dotación inmediata de equipos de bioseguridad para la protección del personal de salud, y adoptar todas las medidas de bioseguridad que sean necesarias para resguardar la salud y la vida del personal que trabaja en el Hospital Germán Busch y en el Centro Centinela de Trinidad; además de priorizar el recurso humano gestionando con celeridad la contratación de médicos y enfermeras para estos dos establecimientos.

Así también implementar el laboratorio especializado en Trinidad para el procesamiento de pruebas, proporcionando los aditamentos, insumos y reactivos necesarios y suficientes para su funcionamiento efectivo, y de esta manera agilizar la obtención de los resultados y optimizar tiempo para evitar la propagación del virus; así como brindar a la población del departamento de Beni en general, información real, completa y fidedigna de las condiciones para enfrentar el COVID-19; y coordinar con las entidades territoriales autonómicas de la región una directriz técnica de información, para evitar la desinformación a la población.

Finalmente, pide a la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciar de manera urgente un proceso de control y fiscalización para identificar las acciones y omisiones en las que hubiesen incurrido el Ministerio de Salud, el Gobierno Departamental del Beni y toda institución pública que fuese responsable por la situación crítica en la que se encuentra la salud de la población beniana.

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