Bolivia. Proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP es vulnerar derechos políticos de la mayoría

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POR ROMINA GUADALUPE PÉREZ RAMOS ►

Como parte de la estrategia post-golpe de Estado, el gobierno de facto, junto a sus aliados políticos han buscado proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP, inhabilitar a su candidato presidencial Luis Arce Catacora, y perseguir políticamente a sus dirigentes.

Con este objetivo han interpuesto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE),  y ante los tribunales competentes de justicia varias demandas,  e iniciado procesos penales  que  ya fueron  recepcionados  por la fiscalía.

La decisión política de inhabilitar la  personería jurídica del MAS-IPSP,  es parte de una estrategia que tiene el objetivo de eliminar  del  sistema político formal al instrumento político de los pueblos indígenas originarios y campesinos,  en torno al cual también se articularon intelectuales y profesionales de las capas medias urbanas,  sectores sociales  progresistas e interculturales de la sociedad  identificados con un proyecto  político  y programa  alternativo  al de las elites políticas  que gobernaron el país antes  del ano 2006[1].

Con la implementación  de esta estrategia,    se vulneraria los derechos políticos  de las mayorías nacionales  que tienen no solo una identificación  con el proyecto político y programa del MAS-IPSP, sino  se encuentran articulados orgánicamente a través de sus organizaciones sociales en torno a esta organización política,  denominada por  eso  mismo, “Instrumento Político por  la Soberanía de los Pueblos” (IPSP).  Esto también  explica por qué la mayoría de los candidatos a diputados uninominales de MAS-IPSP,  y  también  parte de los plurinominales,   son nominados por las  organizaciones sociales a través de la democracia directa, participativa y comunitaria,   que es la democracia interna que se ejerce en el MAS- IPSP,   la misma que  complementa y fortalece a  la democracia representativa.  En este sentido,   la representación política del MAS-IPSP  tiene una amplia  base social,  que contrasta con la  de los   candidatos del bloque político opositor que son nominados  “a dedo”  y que la jerga política denomina  “dedocracia”.

Entonces,  si  se pretende eliminar   del juego electoral  al MAS-IPSP se atenta contra la democracia,  y el sistema político de partidos quedaría reducido a una gama de organizaciones políticas de centro derecha hasta la extrema  de derecha,   que no representan a la mayoría  nacional  que es diversa y pluricultural en Bolivia,  y   los  derechos políticos  conquistados y establecidos en la CPE serían vulnerados.

El  artículo 26,  parágrafo I de la CPE,  señala:  “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva (…).  Interpretando este mandato,  se puede afirmar que al anular  la personería del MAS-IPSP,  no todos los ciudadanos podrían ejercer los derechos políticos en esta contienda electoral,  ya que el 40%  de los ciudadanos que -según las encuestas- se sienten representados por esta organización política, se quedarían sin representación,  y su derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político  estaría totalmente vulnerado porque en el juego electoral solo quedaran  las opciones del bloque político opositor al MAS-IPSP. Es mas,  los sectores sociales  al no sentirse representados por las elites políticas conservadoras del anterior  ciclo político neoliberal (1985-2005)  optaron por organizar su propio instrumento político el   MAS-IPSP,  para ejercer su derecho al voto y  cumplir con los mandatos constitucionales establecidos en el parágrafo II,  del Art 26 de la CPE, que señala:  “el derecho a la participación comprende: 1.         La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución. 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”.  El ejercicio de los derechos políticos,  y el hecho de contar con su propio instrumento político,    permitió  a  los sectores sociales mayoritarios que  eran  marginados, visibilizados,  discriminados   llegar  a ser gobierno  estar  incluirlos  en el ejercicio del Poder del Estado por 14 años consecutivos  a la cabeza de Evo Morales Ayma.

Ahora bien, es importante mencionar que el bloque político opositor al MAS-IPSP,   después del golpe nunca tuvo la voluntad política   de  generar un proceso  electoral  libre transparente y democrático,  para   disputarse  en  este ámbito  el poder  del  Estado. Es más,    la estrategia post golpe  fue prorrogar  al gobierno  de la estólida   autoproclamada Jeanine Añez,   postergar las elecciones y  aniquilar  al  MAS-IPSP  por todas las vías posibles;   una de estas vías  es la de eliminarlo  como  contendiente en el juego electoral.  Por eso,  desde  noviembre de 2019  los golpistas apenas  se hicieron cargo del  gobierno tomaron la  decisión política  de proscribirlo junto a sus  candidatos. Esta decisión se  ha  ido materializando introduciendo demandas a los tribunales competentes para  inhabilitar al MAS-IPSP  que  por orden cronológico,  y  por  sus causales son las siguientes:

1. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por  instruir el fraude electoral  de octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional.

En fecha 15 de noviembre  de 2019,  la  estólida  autoproclamada Presidenta del Estado Jeanine Áñez,   en una entrevista con la  BBC de Londres,  declaró:  “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”.[1] Seguidamente a esta declaración el colectivo “Generación 21” presenta un  recurso al TSE solicitando la cancelación de la personería jurídica del MAS-IPSP debido a que “El gobierno de Evo Morales, el 20 de octubre, al instruir al TSE que cometa fraude electoral ha cometido un autogolpe de Estado, un golpe de Estado institucional, por ende tenemos todas las bases legales para demandar al MAS para que se cancele la personalidad jurídica del mismo».

Esta demanda carece de sentido y fundamentación, y muestra  el desconocimiento de las normas por parte de los  demandantes;  ya que  en la legislación boliviana, y menos en la  Ley 1096 que es la que rige para las organizaciones políticas,  existen causales para inhabilitar a los partidos políticos por fraude electoral.  Lo que  inhabilita a una organización política, – de acuerdo a la Ley antes mencionada-   es la “Comprobada participación institucional en golpes de Estado, política, se quedarían sin representación,  y su derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político  estaría totalmente vulnerado porque en el juego electoral solo quedaran  las opciones del bloque político opositor al MAS-IPSP. Es mas,  los sectores sociales  al no sentirse representados por las elites políticas conservadoras del anterior  ciclo político neoliberal (1985-2005)  optaron por organizar su propio instrumento político el   MAS-IPSP,  para ejercer su derecho al voto y  cumplir con los mandatos constitucionales establecidos en el parágrafo II,  del Art 26 de la CPE, que señala:  “el derecho a la participación comprende: 1.         La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución. 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”.  El ejercicio de los derechos políticos,  y el hecho de contar con su propio instrumento político,    permitió  a  los sectores sociales mayoritarios que  eran  marginados, visibilizados,  discriminados   llegar  a ser gobierno  estar  incluirlos  en el ejercicio del Poder del Estado por 14 años consecutivos  a la cabeza de Evo Morales Ayma.

Ahora bien, es importante mencionar que el bloque político opositor al MAS-IPSP,   después del golpe nunca tuvo la voluntad política   de  generar un proceso  electoral  libre transparente y democrático,  para   disputarse  en  este ámbito  el poder  del  Estado. Es más,    la estrategia post golpe  fue prorrogar  al gobierno  de la estólida   autoproclamada Jeanine Añez,   postergar las elecciones y  aniquilar  al  MAS-IPSP  por todas las vías posibles;   una de estas vías  es la de eliminarlo  como  contendiente en el juego electoral.  Por eso,  desde  noviembre de 2019  los golpistas apenas  se hicieron cargo del  gobierno tomaron la  decisión política  de proscribirlo junto a sus  candidatos. Esta decisión se  ha  ido materializando introduciendo demandas a los tribunales competentes para  inhabilitar al MAS-IPSP  que  por orden cronológico,  y  por  sus causales son las siguientes:

2. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por  instruir el fraude electoral  de octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional.

En fecha 15 de noviembre  de 2019,  la  estólida  autoproclamada Presidenta del Estado Jeanine Áñez,   en una entrevista con la  BBC de Londres,  declaró:  “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”.[1] Seguidamente a esta declaración el colectivo “Generación 21” presenta un  recurso al TSE solicitando la cancelación de la personería jurídica del MAS-IPSP debido a que “El gobierno de Evo Morales, el 20 de octubre, al instruir al TSE que cometa fraude electoral ha cometido un autogolpe de Estado, un golpe de Estado institucional, por ende tenemos todas las bases legales para demandar al MAS para que se cancele la personalidad jurídica del mismo»[2]

Esta demanda carece de sentido y fundamentación, y muestra  el desconocimiento de las normas por parte de los  demandantes;  ya que  en la legislación boliviana, y menos en la  Ley 1096 que es la que rige para las organizaciones políticas,  existen causales para inhabilitar a los partidos políticos por fraude electoral.  Lo que  inhabilita a una organización política, – de acuerdo a la Ley antes mencionada-   es la “Comprobada participación institucional en golpes de Estado, 6 de septiembre,  el gobierno  -a través de los dos ministros antes mencionados-  interpuso otra denuncia, la misma que fue presentada ante la Fiscalía de La Paz  contra el expresidente Evo Morales Ayma,  y los   candidatos a Presidente y Vicepresidente del MAS-IPSP,  Luis Arce  Catacora y David Choquehuanca, y el candidato a  senador por Cochabamba Andrónico Rodríguez En la denuncia también figuran dirigentes sindicales del MAS-IPSP,  Leonardo Loza de la Federación del Trópico; Juan Carlos Huarachi secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).  El Ministro de Justicia  Álvaro Coímbra,  los responsabilizo  de las movilizaciones y los bloqueos que se efectuaban en todo el país  que ocasionaron “al menos una treintena de muertes por coronavirus de pacientes que no habrían recibido oxígeno y otros insumos médicos por los bloqueos”,  y  se  los acuso “por delitos de genocidio, terrorismo, sedición, delitos contra la salud, medio ambiente, los servicios básicos, destrucción de lugares públicos e instigación pública a delinquir»[1]. Nuevamente acá,  la acusación de  “sedición”  solo tiene el fin  de  anular la personería jurídica del MAS-IPSP e inhabilitar a sus candidatos.

Esta acción penal  contra Evo Morales,  tres candidatos y dos dirigentes,  tampoco tiene fundamento, pues  la  protesta popular  fue convocada por la COB junto a sus  organizaciones matrices y fue legitima y legal,  debido a que se sale a las calles para defender el cumplimiento de las normas y la CPE,   porque   el TSE  pasaba por alto la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 (15-01-2020),  y todas las normas que a partir de enero se promulgaron para que se realicen las  elecciones del 2020,  -caracterizadas estas como excepcionales y de no periodo fijo-,  en los marcos que establece la CPE[2]-.  En la elaboración de estas normas la ALP y el TSE  coordinaron  para  aprobarlas  y  llevar adelante un proceso electoral  de forma legal.  Sin embargo  el TSE  las  suspendía  de forma unilateral echando por la borda todo el proceso de coordinación anterior con la ALP cometiendo una acción ilegal e inconstitucional.  Es decir, fue la protesta popular la que permitió retornar a la institucionalidad del proceso electoral,  y no el gobierno ni el TSE.  Acá nuevamente se ve que  son los actores opuestos al MAS-IPS,  el gobierno y sus aliados políticos e institucionales los que incumplen las normas.

Asimismo,  la acción penal del gobierno también   viola  el   fuero sindical   porque el derecho a la huelga esta establecido en el articulo 53 de la CPE;  y  la  protesta popular  como las  movilizaciones y otras expresiones de defensa de derechos  son   parte de la  labor sindical,   como lo establece el Art. 51 de la CPE  “Las dirigentas  y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical no (…) se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical.”  Consiguientemente,  es el gobierno golpista el que desacata la CPE  porque persigue a los dirigentes sindicales,  -haya  o  no  movilizaciones-,   utilizando  la justicia y a los aparatos represivos del Estado a su antojo  para encarcelar perseguir y reprimir a los dirigentes sindicales, ya  que  dispuso  la salida de  la institución policial  para  hacer frente a las movilizaciones,  junto a los grupos paramilitares  como la “Resistencia Juvenil Cochala” organizados por el Ministro Arturo Murillo y la Juventud Cruceñista  que es la fuerza de choque del Comité Cívico pro Santa Cruz al mando Luis Fernando Camacho, candidato a Presidente por “Creemos”.

3. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por  la difusión de una encuesta de intención de voto.

El 17 de julio,  la senadora Carmen Eva Gonzáles,   de Unidad Demócrata,  presentó una denuncia contra el MAS ante el TSE para que se cancele su personería jurídica,  porque  el candidato a presidente,  Luis Arce Catacora difundió el resultado de una encuesta que  vulnera -según ella- las disposiciones de la Ley 026. La senadora interpelo a  Salvador Romero, presidente del TSE para que tome decisiones al respecto, o será “sometido a un juicio de responsabilidades en la vía penal por incumplimiento de deberes”[1]. En la misma línea,  en fecha 20 de Julio,  otros actores como  “Juntos” de Jeanine Añez;  “Creemos” de Luis Fernando Camacho ;  y  “Libre 21”  de Jorge Tuto Quiroga,   también  presentaron  al TSE , demandas contra el candidato presidencial del MAS-IPSP, Luis Arce Catacora por el presunto “delito electoral de difusión de encuestas” [2],  en cumplimiento  de la Ley  026 del  Régimen  Electoral  que en su    artículo 135, parágrafo I,  señala: empresas,  instituciones, entidades publica o privadas o  “cualquier persona, serán sancionadas, en el marco de las faltas y delitos electorales, cuando difundan resultados de encuestas preelectorales”. El  articulo 136, parágrafo  III,  señala: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica” . Para “Creemos”  la sanción para el MAS-IPSP por esta falta es “la cancelación inmediata de la personalidad jurídica”;  y al  igual que la senadora Carmen Eva Gonzáles, interpelaron  al TSE,  para hacerle conocer que  si no se inhabilita al MAS, “incurrirán en faltas graves”, y “pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria, administrativa” y “de la responsabilidad penal por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”[3].

Hasta el 10 de septiembre,  la  senadora Carmen Eva Gonzáles,   presento un memorial de “acción de cumplimiento” ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), en contra del TSE, para que procedan a la inhabilitación del candidato del MAS-IPSP,  y cancelación de la personería jurídica[4]. La Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz admitió la mencionada acción de cumplimiento y fijó audiencia para el 5 de octubre, donde se conocerá el fallo a favor o en contra de la denunciante.

Esta demanda  como las otras, no se corresponden con la realidad,  no tienen bases legales solidas ni fundamentos jurídicos,  porque Luis Arce Catacora,  no difundió ninguna encuesta, tan solo respondió a una entrevista con los datos que presento  el entrevistador Enrique Salazar.   Tampoco en esa fecha se había reiniciado el calendario electoral para aplicar el cumplimiento de las normas. 

Consiguientemente las denuncias  que están siendo  procesadas  son más bien decisiones políticas que tienen el objetivo de anular  la personería jurídica,  y por esta vía inhabilitar  a todos los candidatos del MAS-IPSP  para las elecciones nacionales:  Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados  a tan solo  tres semanas  de las elecciones.  Por eso, el  gobierno de facto y sus aliados políticos,  así como sus operadores, buscan  que los fallos se resuelvan y se determinen antes del acto electoral,  para  evitar que el MAS-IPSP  vuelva a ser gobierno una vez que las encuestas  lo favorecen -desde julio a la fecha[1]– en desmedro   de sus contendientes que tienen  pocas probabilidades de  ganar  en la primera vuelta.  Si estas demandas son rechazadas por  los tribunales porque sus causales  no tienen fundamento jurídico,  y consiguientemente  no  se logra  sacar del juego electoral al MAS-IPSP,  varias voces del bloque político opositor ya  han apostado  por otras rutas. Una es la convocatoria  a declinar  candidaturas,    y/o   convocando   a la ciudadanía  a  emitir  un “ voto útil”  al que llaman “voto inteligente” en los marcos de su marketing político. Otra, es el mecanismo de depuración, TSE ha depurado 51.000 bolivianos del padrón electoral en el exterior, sobre todo en aquellos países donde el MAS-IPSP tiene preferencia electoral,  pero también a nivel nacional,   hay varias denuncias del ciudadano de a pie que se encuentra depurado  sin motivo alguno,  y  si  el  ciudadano no esta depurado, encuentran otras vías para evitar que el voto se emita,  como por ejemplo,  la autora de este articulo, esta habilitada en el padrón  electoral para votar en Rusia, país que no he visitado en los últimos 35 años.

Para concluir, si las demandas no tienen fundamento, también es posible sospechar  que se busca desestabilizar el proceso electoral,  generando  incertidumbres para  provocar nuevamente  la violencia;   en  pleno desacato a esta  línea,  el expresidente Evo Morales que es el Jefe nacional de campana del MAS-IPSP  y ejerce el cargo desde el exilio,  se pronunció  afirmando que  “no existen argumentos legales ni jurídicos para proscribir al MAS”;   por eso,  pidió  evitar “provocaciones que buscan crear convulsión y suspender las elecciones”.  Esta alerta  del ex presidente,  se fundamenta  porque  circulan  varias voces en el ámbito político e ideológico boliviano que como  ultimo recurso el bloque político opuesto al MAS-IPSP  ha incluido en su estrategia hasta un autogolpe  a su estólida Presidenta;   y para ello,  todavía cuentas con los factores de poder Policía y  Fuerzas Armadas,  el asesoramiento internacional de EE.UU e Israel  para desatar  la inestabilidad política en pleno  acto  electoral,   y  recurrir  a  provocaciones para generar  nuevamente a la violencia con  los grupos paramilitares y mercenarios que organizaron para derrocar al Ex presidente  Evo Morales, y que  tienen su epicentro en la ciudad Santa Cruz y Cochabamba. A estos no les importaría  llevar  adelante  nuevas masacres, solo que esta vez  podrían superar a las masacres de Sacaba y Senkata.[1] Los programas  de gobierno de los partidos se encuentran en la pagina web del Órgano Electoral Plurinacional.  En: https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020/

[2] Cf. https://konzapata.com/noticia/72638/museo-elektoral/el-partido-de-evo-morales-puede-ser-inhabilitado.html

[3] Cf. https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/10/piden-la-anulacion-de-la-personeria-juridica-del-mas-por-instruir-fraude-electoral-240008.html

[4] Ley 1096, Parágrafo I, Art. 58. Cf.   https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N1096.html

[5] “Lo que la OEA le hizo a Bolivia” En: https://cepr.net/lo-que-la-oea-le-hizo-a-bolivia/?fbclid=IwAR3HHx538lGubenvPL9zm8RveZCGzyA0wQ3oiQeNoTmjsizqjvdcA0psPJw

[6] “Fraude Electoral inventado por la OEA”. En: https://www.facebook.com/jorgerichterpolitologo/videos/2435590853401360

[7] Cf. https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/15/expertos-sedicion-es-causal-para-inhabilitar-un-partido-243477.html

[8] Artículos 161, numeral 7, y 184,  numeral 4  de la CPE. Ley 044 (8-10-2010) y Ley 612 (4-12-2014).

[9] https://www.pagina12.com.ar/284250-evo-morales-recibio-una-nueva-denuncia-en-medio-de-una-boliv

[10] Para la revisión de estas normas remito a mi articulo “CRISIS POLÍTICA Y EL PROCESO ELECTORAL EN BOLIVIA” escrito en 17 de agosto y publicado en la pagina web de Hispan TV los días 20-25 de agosto 2020.

[11]Cf.https://correodelsur.com/seguridad/20200717_senadora-presentara-denuncia-contra-el-mas-ante-el-tribunal-supremo-electoral.html

[12] Cf. https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/20/tres-frentes-presentan-denuncias-contra-el-mas-arce-ante-el-tse-261882.html

[13] Cf. https://www.nodal.am/2020/07/elecciones-en-bolivia-uno-de-los-promotores-del-golpe-de-estado-pide-la-inhabilitacion-del-mas/

[14] https://www.periodicobolivia.com.bo/senadora-carmen-eva-gonzales-denuncio-a-vocales-del-tse-por-no-inhabiltar-al-mas-ipsp/

[15] La ultima encuesta elaborada por Jubileo y realizada en Septiembre otorga al MAS-IPSP 40,3%, a CC 26.2%, a Creemos 14,4 y a Juntos 10,6%. https://tuvotocuenta.org.bo La encuesta  realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de geopolítica (CELAG) divulgada en Julio proyectó una victoria en primera  vuelta  al MAS-IPSP con el 41,9%  de intención de voto, le sigue CC con 26,8 %, y en tercer lugar JUNTOS, con 13,3%. En: https://www.elpais.cr/2020/07/07/encuesta-proyecta-victoria-en-primera-vuelta-de-candidato-del-mas-en-bolivia/ . La otra encuesta publicada en marzo proyecto para el MAS-IPSP el 36%,  para CC el 20%, para JUNTOS 20%. En: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=349605&SEO=analisis-de-encuestas-proyecta-nuevo-triunfo-del-mas-en-bolivia

Romina Guadalupe Pérez Ramos estudió Sociología en la UMSS, Diplomado en Ciencias Políticas (CESU-UMSS), en Altos Estudios Nacionales y en las Universidades de Bolonia y de Copenhague. Es socióloga y se ha desempeñado como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República Islámica de Irán (10/06/2019 al 15/11/2019), diputada nacional (2015-2020), titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Protección al Migrante, gestión legislativa (2019-2020) y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, gestión legislativa (2017-2018).

Fuente: hispantv.com/noticias/opinion/478324/bolivia-mas-ipsp-candidatos-elecciones, Kaosenlared.

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